Una raya más para el tigre

MARIANO ENRIQUE MENA Q.
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De todas las instituciones públicas del Estado, en la única en la que no había metido sus narices a fondo el presidente Martinelli era el Tribunal Electoral, aunque casi desde su llegada forzó la salida del fiscal electoral para nombrar a uno de su propio partido y que había sido electo miembro suplente del Parlamento Centroamericano (Parlacen).

Como es sabido, en el mes de octubre le corresponde salir del Tribunal Electoral al magistrado Gerado Solís y se han denunciado presiones de Palacio para forzar la salida del magistrado Valdés Escoffery, con lo quedaría copada la mayoría del tribunal para decidir con dos magistrados nombrados por él.

Las graves denuncias de posible fraude electoral dadas a conocer por el vocero y presidente del Tribunal Electoral no dejan duda de lo que nos espera de concretarse las intenciones del presidente.

Con una Corte Suprema a su disposición, cinco de los nueve magistrados (más la Sala V por nombrar), el Parlamento de alfombra para pasar todo lo que venga de Palacio, una contralora que viene de las entrañas de su emporio comercial (Súper 99), dos Procuradurías de la Nación y de la Administración inoperantes, que solo actúan cuando las mandan, una Policía a su disposición, ni hablar del Gabinete.

La intromisión directa de la Corte Suprema con sus dos últimos fallos (Parlacen y Bosco) dictando pauta en temas que son privativos constitucionalmente al Tribunal Electoral, marcan el rumbo de lo que nos espera en las próximas elecciones.

Todo esto, sumado a las voces agoreras de algunos miembros de Cambio Democrático y no de cualquier miembro, sino del vicepresidente del Parlamento, Marcos González, el cual ha denunciado un supuesto intento de golpe de Estado y quien ha declarado (ayer) en Canal 13 que las grabaciones realizadas a los partidos de oposición y a gente de ‘izquierda’ por las protestas de San Félix las hizo el Consejo de Seguridad, deja claro en manos de quién estamos.

Si el procurador Ayú Prado tuviera carácter e independencia, ya hubiera autorizado una investigación de oficio y adelantaría gestiones para que la Corte Suprema investigue a este señor por las afirmaciones exteriorizadas. Por eso mismo sacaron a la procuradora Ana Matilde, en cuyo caso se debió a una interpretación, en este es evidente que el Consejo de Seguridad no tiene y nunca ha tenido autorización para grabar conversaciones privadas y menos para publicarlas en las redes sociales como lo han hecho ahora, y de seguro que no es la primera vez.

EL AUTOR ES SECRETARIO GENERAL DE LA CGTP.