La aplicación descomedida de medidas cautelares como la detención preventiva, la falta de ejecución de la legislación penitenciaria, generan la crisis permanente que mantiene el Sistema Penitenciario, así lo manifestó la Defensoría del Pueblo,  en el marco del Día del Privado de Libertad que se conmemoró el pasado 24 de septiembre.

Dentro de esta crisis, el hacinamiento, infraestructuras inadecuadas, violación del derecho a la salud, a la seguridad e integridad personal y la mora judicial son los problemas más críticos  señala el pronunciamiento.

Al respecto, la Defensoría del Pueblo sostiene que a pesar de que el Estado panameño ha impulsado diversas medidas a fin de solucionar esta crisis  aún persisten las violaciones a los derechos humanos en los centros penitenciarios del país.

De acuerdo con las estadísticas, las cárceles de la ciudad capital presentan un índice de hacinamiento de 148%. La población penal al 8 de septiembre de 2008, asciende a 10 mil 570 personas a nivel nacional, de los cuales 6 mil 876 se encuentran en las cárceles localizadas en la provincia de Panamá.

Se estima que en Panamá, por cada 100 mil habitantes hay 352 personas detenidas, lo que representa el índice más alto de América Latina per capital; todo esto, entre otras causas, debido al incremento de la conducta delictiva, las condiciones de pobreza y extrema pobreza.

En los últimos meses, se han publicado varios informes relacionados con las condiciones de salud y servicios médicos en las cárceles panameñas y sobre supuestos actos de torturas. La realización de estos informes revelan que la Defensoría del Pueblo gestiona un total de 397 quejas referentes al derecho a la salud y 128 denuncias por supuestas afectaciones al derecho a la vida, la seguridad e integridad personal de algunos detenidos. De este total, 18 quejas han sido conocidas y tramitadas ante el Ministerio Público por considerarse como posibles hechos constitutivos de delitos y 79 quejas fueron cerradas con recomendaciones a las autoridades competentes.