Unos de los casos más evidentes de la crisis en el sistema penitenciario se observa en la  provincia de Chiriquí. La cárcel de David   no tienen  las condiciones mínimas para albergar a seres humanos y, para rematar, mantienen a  mil detenidos en una  estructura física que se habilitó para 300  presos.

El hacinamiento, no solo en David, sino también en  distintos centros penitenciarios del país, nos muestra que aún poseemos  sistemas de jurisdicción penal con normas legales que son desfasadas, que premia a los funcionarios que mantienen enjaulados a seres humanos inocentes, hasta que se compruebe lo contrario.

  Aún peor es  la situación en las cárceles  de  la provincia de Panamá, La Joya  y La Joyita. Si nos detenemos a  analizar los problemas del sistema carcelario  en todas las regiones del  país, imperan situaciones   deprimentes. Entre los barrotes sigue rigiendo la ley del terror, en donde el  más fuerte es el que sobrevive. Hhay cero políticas de resocialización.

En pleno siglo 21 hay celdas  de tortura, pero no aislamientos preventivos dirigidos  a personas que puedan causar daño social u otras amenazas  como el maltrato reiterado, violencia doméstica,  porque en verdad muchas carecen de módulos diferenciados  y dentro de ellas impera solamente el  terror.

Visto así, en  nuestro país el tema penitenciario es una institución burocratizada, que necesita planeación y presupuesto.